Este martes, el Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de economía Nicolás Grau, desestimando los cuatro capítulos de libelo, impulsado por parlamentarios del partido Nacional Libertario y del partido Republicano especialistas coinciden en que el resultado confirman altos estándares jurídicos que exige este mecanismo y advierten sobre su creciente uso político.
Por Carolina Saavedra
La sala del Senado rechazó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, descartando los cuatro capítulos del libelo y permitiendo que continúe en su cargo. La acción impulsada por los parlamentarios del Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, buscaba establecer responsabilidades constitucionales por presuntas irregularidades en las proyecciones fiscales elaboradas al termino del gobierno anterior. Con esta decisión, el proceso quedó cerrado tras la votación realizada en el Congreso Nacional.
En votación el primer capítulo obtuvo 16 votos a favor, 25 votos en contra, y cuatro obtenciones. El segundo fue rechazado con nueve votos a favor, 32 en contra y dos obtenciones. En el tercer capítulo obtuvo 16 votos a favor, 26 en contra y tres obtenciones, por lo que también fue desestimado. El cuarto y último capítulo fue rechazado con 10 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, descartando por completo la acusación constitucional.
Contenido de la acusación
El libelo acusatorio sostenía que el ex ministro Nicolás Grau abría incurrido en incumplimientos constitucionales relacionados con la elaboración y presentación de proyectos fiscales, atribuyéndole responsabilidad política por presuntas irregularidades destacadas en su gestión. Los parlamentarios que impulsaron la acción afirman que existían antecedentes suficientes para iniciar un juicio político en su contra.
Sin embargo, durante el debate en el Senado prevaleció la postura que los antecedentes presentados donde no acreditaban una infracción constitucional que justificara la destitución del ministro, de esta manera la Cámara Alta decidió rechazar los cuatro capítulos y cerrar el proceso legislativo.
Análisis tras el rechazo
El analista Luis Felipe Vergara explicó que el resultado era previsible debido a la composición del Senado.”No creo que la acusación constitucional tenga un resultado favorable las fuerzas estaban muy estrechas y me parecía que no iba a fructificar”, señaló, además sostuvo que este tipo de acciones, “se ha transformado en acusaciones políticas más que constitucionales”, lo que, a su juicio debilita a una herramienta que debería utilizarse únicamente cuando existen fundamentos jurídicos sólidos.
Vergara agregó que el rechazo también deja una señal para el sistema político. A su juicio, el uso reiterado de acusaciones constitucionales sin resultados favorables termina restando seriedad al mecanismo y afecta tanto al oficialismo como a la oposición. “En la mayoría de los casos no existen argumentos constitucionales que puedan demostrarse, sino que predominan las sanciones políticas entre sectores”, afirmó.
Por su parte, el abogado Cristhiam Bompart explicó que el rechazo del Senado demuestra la diferencia entre la evaluación política realizada por la Cámara de Diputadas y Diputados y el análisis jurídico que corresponde efectuar a la Cámara Alta. “El Senado concluyó que no eran suficientes los antecedentes para acreditar una infracción a la Constitución o un incumplimiento grave de los deberes del cargo”, indicó. Agregó que esta decisión reafirma que una acusación constitucional exige estándares jurídicos elevados y que este mecanismo no debe utilizarse para sancionar diferencias políticas o errores de gestión, sino únicamente cuando existe una responsabilidad constitucional debidamente acreditada.
Bompart también sostuvo que el hecho de que la acusación avanzara desde la Cámara de Diputadas y Diputados no significaba que existiera una responsabilidad constitucional acreditada. A su juicio, esa votación solo permitió abrir el debate en el Senado, instancia que debía determinar si los antecedentes cumplían con las exigencias establecidas por la Constitución para aprobar una acusación de este tipo.
El abogado añadió que el rechazo de la Cámara Alta reafirma la diferencia entre una responsabilidad política y una responsabilidad constitucional. Explicó que una gestión cuestionada o las discrepancias políticas no son suficientes para destituir a un ministro, ya que el ordenamiento jurídico exige demostrar un incumplimiento grave de los deberes del cargo o una infracción a la Constitución.
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